Indignación mediática

Un día después de hacerse oficial el asesinato del periodista Alfredo Villatoro de manera instintiva uno se vuelca en los periódicos y en los medios de comunicación con el objeto de tener la mayor información posible, los detalles y los pormenores de una muerte tan inicua.  Y porque trabajaba en la emisora más extendida por todo el país, se le ha dado una amplia cobertura a todos los niveles.  Podemos decir que el “impacto mediático” ha sido grande, de las mismas proporciones que los 30 asesinatos de periodistas realizados desde el 2003;  e, igualmente, de las miles de las víctimas inocentes de la violencia en los últimos años.

El primer impacto ha sido sobre el gobierno puesto que deja en entredicho su discurso acerca del control de la violencia, la depuración policial y el fortalecimiento de la seguridad nacional: “debo reiterar mi convencimiento de que la democracia, la justicia, el pueblo hondureño y las autoridades legítimas prevalecerán sobre el crimen y los criminales”.  Para Pompeyo Bonilla (ministro de seguridad) no cabe ninguna dudad de que se trata de una respuesta del crimen organizado a las acciones legislativas que permiten la extradición de nacionales y los casos relacionados con el trafico de drogas, terrorismo y lavado de activos.

Relacionado con lo anterior está el hecho de que casi inmediatamente presentaron a dos reclusos del penal de Danlí vinculados al secuestro de Villatoro.  Sin embargo se nota cierto desconcierto pues Pepe Lobo ofrece tres millones de lempiras por cualquier información que conduzca a los asesinos.  Y, aunque de parte de la opinión pública internacional se pide una investigación rápida y efectiva, con la masacre de Comayagua se evidenció que contrariamente a la lentitud habitual y consuetudinaria, la investigación no convenció a nadie y fue, más bien, como se dice para “tapar el ojo al macho”.

También se deja traslucir que en este tipo de situaciones se busca siempre señalar un “chivo expiatorio” sobre el cual hacer recaer toda la culpabilidad.  Ocasión propicia que aprovechan todos los sectores sociales opositores para descalificar al “oficialismo” y toda la institucionalidad jurídico-democrática, al mismo tiempo que promueven su propio proyecto como el único válido para toda la sociedad. 

Lo cual acarrea una serie infinita de opiniones por parte de todos los actores políticos y sociales: “repunte terrible de la violencia”, “este fue un acto terrorista”, “quieren doblegar a la sociedad”, “el país necesita reinventarse”, “es un momento de indefensión”, “pedimos se haga justicia”, “urge una mayor aplicación de la ley”, “viviendo un clima de violencia general”, “abominable y cobarde crimen”, “se tiene que hacer algo”, “nos deja un abanico de preguntas”, “pareciera que no podemos ejercer el periodismo”.  Y lo mismo podíamos decir respecto a las Iglesias, sectores populares, asociaciones civiles, políticas, culturales, etc, etc.

Ciertamente es un momento de prueba para la sociedad hondureña.  Es obvio que hay una jerarquía de responsables y de responsabilidades, pero nos afecta a todos y entre todos hay que buscar salidas democráticas, pacíficas y legales.

Por ello necesitamos ir más allá de la “indignación mediática” que es buena, saludable y necesaria para no caer en la apatía, desidia y desesperanza.  Hay que  pasar a la “indignación ética” ante nuestra propia sociedad y los cimientos que la sustentan; rebelarnos contra la falta de respeto a la vida humana y ese “maquiavelismo perverso” que, traicionando las reglas del juego democrático, utiliza cualquier medio para dominar la sociedad.  Y, sobre todo, pasar a la “indignación ciudadana” que supone compromiso y movilización para la transformación de nuestro país.